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Los ejes del Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito presentado por el Gobierno para el periodo 2022-2024

Con esta estrategia se busca generar un respuesta concreta y urgente al aumento de los delitos violentos, al mayor uso de armas de fuego y a la aparición de nuevos fenómenos delictivos que se ha producido en Chile en los últimos años.
Con esta estrategia se busca generar un respuesta concreta y urgente al aumento de los delitos violentos, al mayor uso de armas de fuego y a la aparición de nuevos fenómenos delictivos que se ha producido en Chile en los últimos años.
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PRESENTACIÓN EJES PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ARICA.
PRESENTACIÓN EJES PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ARICA.

“En Chile tenemos que nivelar hacia arriba, tener un mínimo común preventivo, para que hablar de seguridad nunca más sea hablar de desigualdad”. Palabras con que el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dio cuenta de la presentación del Plan Nacional de Seguridad para el período 2022-2026, en el Consejo Nacional de Seguridad realizado ayer en Arica.

Esta instancia de trabajo multisectorial cierra un mes donde se realizaron los Consejos Regionales en todo el país, partiendo en Magallanes y La Araucanía para cerrar en la Región de Arica y Parinacota, donde múltiples actores locales participaron en la presentación de temas que nutren esta hoja de ruta para los próximos cuatro años.

Este plan contempla 33 medidas en áreas como el fortalecimiento institucional, el reforzamiento y reforma de Carabineros, la atención a víctimas de delitos violentos, el combate al crimen organizado, el apoyo a la labor preventiva de los municipios, entre otras.

Con esta estrategia se busca generar un respuesta concreta y urgente al aumento de los delitos violentos, al mayor uso de armas de fuego y a la aparición de nuevos fenómenos delictivos que se ha producido en Chile en los últimos años.

Una de las principales medidas contempladas en el Plan es la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, proyecto que ingresará durante el mes de julio para su tramitación. Además, se avanzará en la reforma a Carabineros, la reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer el rol de los municipios en seguridad, la Ley de Seguridad Privada y se creará una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fije una ruta país en esta materia para los próximos 10 años.

En el ámbito de prevención del delito, se busca avanzar hacia un mínimo común preventivo en todas las comunas del país, para disminuir las desigualdades existentes entre municipios en materia financiera, operativa y de infraestructura para la prevención de delitos y la seguridad. Para ello, se crea un Sistema Nacional de Seguridad Municipal como mecanismo de apoyo estable a estos y orientado a fortalecer sus capacidades.

Además, se implementará una redistribución de los recursos policiales, se conformará un Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios para fortalecer el trabajo coordinado en esta materia, y se crean grupos de trabajo operativo para la coordinación público-privada en seguridad, además de la incorporación de principios de equidad de género en materia de seguridad, entre otras materias.

Asimismo, se adoptarán medidas para mejorar la información en torno a los delitos, revisando y actualizando los denominados “Delitos de Mayor Connotación Social” con nuevas tipologías delictivas y grupos específicos de análisis, y se modernizará y perfeccionará la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).

En materia de protección a víctimas y Derechos Humanos, se creará el Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos, se amplía el número de centros de atención para ellas, y se expanden los servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar.

En cuanto al combate del crimen organizado, se crea una Política Nacional contra el Crimen Organizado para el combate frontal a estas organizaciones y desbaratar sus redes, confiscar sus bienes de capital y destruir su logística. Para ello se fortalecerá el sistema de inteligencia financiera y se trabajará en la coordinación intersectorial.

En materia de control de armas, se propone un plan de 7 dimensiones, que considera: fortalecer la persecución penal; fiscalización de armas y municiones; la creación de sistemas para su trazabilidad; mejorar el control de las armas en poder del Estado, reforzar el control en fronteras e inteligencia financiera, que busca mejorar los registros de información de grupos de interés.