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Ministro Delgado y Subsecretaria Martorell sugieren a Fiscal Nacional que infractores de protocolos sanitarios realicen labores comunitarias

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Las autoridades presentaron dos líneas de trabajo para quienes vulneren el Art.318 del Código Penal: formar parte de las “Cuadrillas Sanitarias” a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública o realizar labores informativas en las sucursales de Chile Atiende. La idea será presentada a los fiscales regionales por la máxima autoridad del Ministerio Público.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, junto a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se reunieron con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para sugerir penas alternativas de carácter comunitario a quienes infrinjan el Art.318 del Código Penal, ya sea por haber participado en fiestas clandestina, reuniones sociales, vulnerar la cuarentena, entre otros incumplimientos a las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad.

Durante la reunión realizada en la Fiscalía Nacional, se establecieron dos propuestas de penas de trabajo comunitario: el primero consiste en ser parte de las “Cuadrillas Sanitarias”, el cual es un grupo de personas a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública que tiene como misión recorrer las comunas del país informando a las personas respecto a las medidas de salubridad que existen para evitar el contagio de coronavirus. Según señaló el Ministro Delgado, quien que sea condenado a realizar este trabajo recibirá una capacitación de varias horas para que pueda hacer de manera adecuada esta labor.

La segunda, en tanto, consiste en que las personas deberán, previa capacitación, realizar trabajos en las sucursales de Chile Atiende para informar a los visitantes sobre los beneficios que otorga el Estado a la ciudadanía, no solo relacionados con las mitigaciones por los efectos de la pandemia, y que muchas veces se desconocen.

Respecto a estas medidas, el Ministro Delgado señaló que “estas son instancias que ya están funcionando, ya tienen estructura, y nos permitiría realizar un seguimiento efectivo, porque una de las cosas que le preocupa al Fiscal, por supuesto, es el seguimiento de este tipo de trabajo, que las personas cumplan con los horarios, con el trabajo en sí mismo y nos permitiría hacer un monitoreo”.

Además, la autoridad agregó que “hay cosas que no se logran pagando una multa. Hay experiencias de vida que marcan a las personas y yo creo que hay, en este momento, un segmento de nuestra población que insiste en conductas impropias como participar u organizar fiestas clandestinas, que necesita una experiencia de vida distinta, con personas que les puedan dar una señal de cómo enfrentarse a situaciones tan complejas como lo es una pandemia”.

En tanto, la Subsecretaria Martorell indicó que estas medidas son “una importante noticia, vamos a seguir trabajando con las distintas instituciones del Estado para que esto se haga lo antes posible porque así se requiere”.

Asimismo Martorell -al ser consultada si habría la posibilidad de hacer otro tipo de labores- indicó que “este es el primer plan que nosotros le hemos presentado al Fiscal Abbott. La idea es construir un sistema, que tal como señaló el Ministro, permita generar trabajo comunitario como pena alternativa, pero que realmente sea eficiente, efectiva y permita que ese trabajo aporte la sociedad”.

Además, la autoridad detalló que “al mismo tiempo existe una responsabilidad sancionatoria administrativa, que no son excluyentes, y esas sanciones administrativas son multas que están de la mano de lo que establece la normativa sanitaria y esa norma establece multas que pueden alcanzar los $50 millones pesos y que son paralelas, es decir, una persona puede ser privada de libertad y condenada al pago de una multa o realizar trabajo comunitario y también pagar una multa”.

Tras finalizada la reunión y presentar todas estas sugerencias, el Fiscal Nacional se comprometió a llevar esta propuesta a los Fiscales Regionales.

La ley N° 21.240 que modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del asilamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de pandemia o epidemia, establece que en las investigaciones penales que se vinculen a los delitos previstos en los artículos 318, 318 bis y 318 ter del Código Penal en las que el Ministerio Público solicite la suspensión condicional del procedimiento, se incluirá preferentemente como condición de esta suspensión la realización de acciones o servicios destinados a beneficiar a la localidad en la que habita el imputado.