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Subsecretaría de Prevención del Delito y empresas de delivery firman protocolo para mejorar seguridad de clientes y repartidores

Acuerdo prevé, por ejemplo, que empresas del rubro reporten delitos sufridos por los riders, y que entreguen información útil para investigaciones, cuando sean requeridas por la Fiscalía. Subsecretaria María José Gómez resaltó, entre otros aspectos, que el instrumento es el resultado del trabajo mancomunado de una mesa público-privada.
Acuerdo prevé, por ejemplo, que empresas del rubro reporten delitos sufridos por los riders, y que entreguen información útil para investigaciones, cuando sean requeridas por la Fiscalía. Subsecretaria María José Gómez resaltó, entre otros aspectos, que el instrumento es el resultado del trabajo mancomunado de una mesa público-privada.
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Mejorar la seguridad en torno a la actividad de los repartidores es uno de los objetivos de un protocolo de acuerdo suscrito por la Subsecretaría de Prevención del Delito y dos empresas de delivery.

El instrumento contribuirá a proteger a los usuarios de estos servicios, especialmente útiles en pandemia, así como a los propios riders, quienes desarrollan sus labores en las calles de distintas ciudades del país.

El protocolo prevé que, al ser fiscalizados en terreno por la policía, los repartidores puedan acreditar su condición, con datos disponibles en las aplicaciones de las empresas para las prestan servicios. Lo anterior es clave, considerando que algunas personas fingen ser riders, sin tener vínculos con las firmas de delivery.

Otro punto del acuerdo considera que las mismas empresas entreguen información, cuando sean requeridas por el Ministerio Público, lo que permitirá fiscalizar, investigar y sancionar los delitos asociados a esta actividad.

Las firmas, además, reportarán periódicamente a la Fiscalía los eventos delictivos de los que sean víctimas los repartidores.

Junto con lo anterior, el protocolo considera el establecimiento de una mesa público-privada permanente para la coordinación entre la SPD, el Ministerio Público y las empresas de delivery.

El acuerdo fue suscrito por la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez; la gerenta de asuntos públicos de PedidosYa, Mónica Collell; y el director de asuntos gubernamentales para el cono sur de Rappi, Gabriel Buenos. Acudieron también a la actividad, el director de la Unidad Nacional de Análisis Criminal y Focos Delictivos del Ministerio Público, Claudio Ramírez, y el jefe de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, coronel Juan Rodríguez.

“Los repartidores muchas veces sufren delitos. Y también hay personas que fingen ser repartidores y que cometen delitos. Por eso, como Subsecretaría de Prevención del Delito, creamos una mesa público privada. Hemos logrado firmar un protocolo de acuerdo que es muy importante, porque, además, refleja el valor del trabajo en conjunto, lo que llamamos la coproducción en seguridad”, afirmó la subsecretaria Gómez.

La representante de PedidosYa, Mónica Collell, en tanto, destacó los acuerdos logrados en el marco de la mesa. “Nuestra empresa está satisfecha con los resultados. Creemos firmemente que la colaboración público-privada es la que le va a dar sostenibilidad a nuestro ecosistema que reúne a los repartidores, comercio y usuarios. Esto aumenta la seguridad no solo para los vecinos, sino que también para los repartidores”

A nombre de Rappi, Buenos sostuvo: “Quiero destacar la conformación de la mesa de trabajo para entender bien la problemática pública y la generación de acuerdos para resolver problemas y mejorar la operación y nuestro compromiso con todo el ecosistema en Chile”

Por su parte, el coronel Rodríguez comentó que “esto va a facilitar la fiscalización y vamos a estar presentes en las calles apoyando a estas personas, con la finalidad de que este convenio siga trabajando y creciendo siempre en post de la seguridad del país”.

“Las investigaciones penales se mueven con información y este convenio genera puntos de contacto y entrega información, por lo que esperamos poder avanzar en ese trabajo”, resaltó, a su turno, Claudio Ramírez, del Ministerio Público.

El acuerdo se gestó en el marco de una mesa de trabajo, impulsada por la SPD, en la que participaron las empresas de delivery, la Fiscalía y la policía uniformada.