Una nueva sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública tuvo lugar esta semana en la Región de Antofagasta, el que estuvo liderado por la Delegación Presidencial Regional y la Coordinación Regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y contó con la participación de municipios, policías y diferentes instituciones de la región.
El objetivo de esta instancia fue realizar un balance de los avances en las medidas implementadas durante el año recién pasado y presentar el diagnóstico para la elaboración de los nuevos planes regionales de seguridad pública para el año 2024.
Los diagnósticos de la situación de seguridad de cada región se construyen a partir de tres fuentes. En primer lugar, el análisis de los casos policiales de Carabineros y la Policía de Investigaciones, que son ponderados según su gravedad. En segundo lugar, la Consulta Comunal de Percepción de Seguridad, en la que se pregunta a los diferentes actores locales sobre sus prioridades y principales problemas de seguridad. Y, en tercer lugar, la Consulta Comunal Rural, que por primera vez se aplicó a 270 comunas rurales y semi rurales del país, a fin de conocer de manera diferenciada los fenómenos delictuales que más las afectan.
A partir de los diagnósticos, cada año se elabora un plan regional de seguridad pública, el cual establece los tres delitos priorizados, las incivilidades, los problemas de seguridad emergentes para cada región, una prioridad rural, así como una serie de compromisos para abordarlos.
En lo que respecta a la Región de Antofagasta, se definieron como delitos priorizados el los ilícitos asociados en la Ley 20.000, los homicidios y femicidios, así como la violencia intrafamiliar, este último circunscrito como “delito transversal” a nivel nacional. En tanto, el consumo de alcohol en la vía pública y el comercio ilícito fueron calificados como las principales incivilidades a abordar en las estrategias de seguridad de manera coordinada. Además, se definió como delito emergente la violencia escolar, y el robo de cables y conductores eléctricos como prioridad rural.
“Este es un espacio de trabajo donde de manera intersectorial participan otras instituciones públicas e instituciones de policía. Y también es importante la participación de los municipios de las nueve comunas de nuestra región, lo que nos permite poder avanzar en el análisis de estas estrategias y poder ir buscando de qué manera como Estado organizado nos hacemos presentes”, afirmó la delegada presidencial regional Karen Behrens.
Por su parte, María Gloria Lazcano, coordinadora regional de seguridad pública señaló que este encuentro permitió definir las prioridades en materia de seguridad, las cuáles serán evaluadas durante el año. “Eso nos va a permitir a través del Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros mes a mes ir haciendo seguimiento a los delitos”, finalizó.
