Enfrentar el flagelo de la violencia escolar y concretar estrategias y medidas para resolver estos hechos a corto plazo, fue el eje principal de la reunión que sostuvo este miércoles el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, junto a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, en el marco del plan “Seguridad para Estudiar”, anunciado el 18 de marzo pasado junto a la Subsecretaría de Educación.
En la jornada se analizaron los factores que han agudizado el aumento de hechos violentos en el entorno escolar. Uno de ellos radica en la desocialización producto de la pandemia. Si bien la violencia en las escuelas es estructural, anterior a la crisis social y el covid-19, estos últimos dos años se perdió un espacio de relacionamiento clave para el desarrollo y modelación de conductas.
Una de las propuestas de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) fue realizar un trabajo por medio del Sistema Lazos, donde los establecimientos educacionales puedan derivar a niños, niñas y adolescentes a los Equipos de Detección Temprana, plan de acción que contempla trabajo intersectorial y multidisciplinario con las familias.
Además, se planteó la idea de que profesionales del Programa de Parentalidad Positiva (conocido también como Triple P) realicen charlas y exposiciones sobre cómo los padres o cuidadores pueden apoyar a los NNA en su adaptación post pandemia, por ejemplo. En casos de mayor complejidad se pueden hacer intervenciones individuales o grupales.
Y también por medio del programa “Familias Unidas”, que se ejecuta a través de establecimientos educacionales y con el cual se puede seleccionar comunidades escolares con más necesidades, y de este modo realizar intervenciones con jóvenes con mediana complejidad.
“Somos nosotros quienes tenemos que llegar a tiempo, proteger, y por sobre todo, poner toda nuestra capacidad institucional”, expuso Subsecretario Vergara
La SPD pondrá foco principalmente en barrios críticos o prioritarios, en términos de llevar los servicios, especialmente en las comunas donde está el programa (50 en 2022).
“El rol de la Defensora y de la Defensoría de la Niñez es un rol fundamental, no solamente para garantizar derechos, sino que para articular a las instituciones y obligarnos también a apurarnos el tranco, porque los derechos y la protección no puede esperar. Nos hemos comprometido a trabajar bajo un convenio operativo que nos permita tener una claridad del fenómeno”, dijo el Subsecretario Eduardo Vergara, finalizada la reunión en las dependencias de la Defensoría de la Niñez y que se extendió por 40 minutos.
Con ello, el Jefe de Prevención del Delito enfatizó que: “Somos nosotros quienes tenemos que llegar a tiempo, proteger, y por sobre todo, poner toda nuestra capacidad institucional, que nos ha pedido el Presidente Boric para trabajar particularmente sobre la protección, bienestar y la dignidad de niños, niñas y adolescentes”.
En tanto, la Defensora de la Niñez destacó que se generará un trabajo mancomunado. “Hemos resuelto generar un convenio de trabajo, de desarrollar acciones más específicas desde la perspectiva de la vivencia, viendo cuáles son los delitos que están afectando particularmente a niños, niñas y adolescentes, y tomando sobre la base de aquello decisiones que nos permitan hacer requerimientos, no solo al que hacer de la Subsecretaría, sino que también a las policías”.
Finalmente, Muñoz agradeció la “disposición y el trabajo conjunto que tiene la SPD y estamos ciertos que la focalización y la preocupación del Subsecretario Vergara”.
HECHOS DE VIOLENCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
La Subsecretaría de Prevención de Prevención del Delito constató, por medio del Sistema Lazos, que se han reportado 32 casos de situaciones críticas de seguridad en el entorno de establecimientos educacionales, es decir, 67% de las comunas se ha visto envuelta en esta situación.
Además, se ha registrado siete balaceras en las aproximaciones de escuelas y colegios; hecho delictual que ha afectado a 15% de las comunas.
Asimismo, en el 35% de las comunas se han dado situaciones de agresión entre miembros de la comunidad educativa (17 casos); y que 21 comunas -un 44%- se encuentra desarrollando acciones como respuesta a los hechos de violencia.
